Es cierto que la nueva ley permite acudir al instituto de medicina legal en caso de que no estemos de acuerdo con la valoración del perito médico del seguro.

Este trámite por un lado implica un lapso de tiempo importante, y por otro no puede hacernos olvidar que con la regulación actual dicho peritaje será pagado por la aseguradora responsable (al igual que el perito con cuyo dictamen no estamos de acuerdo).