Legislación productos financieros

Sentencias y novedades legislativas relacionadas con productos bancarios: participaciones preferentes, cláusulas suelo y otros productos emitidos por entidades financieras y considerados abusivos.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.013, por la que se declaró la nulidad de la cláusula suelo, si bien limitando la devolución de las cantidades a partir de la fecha de dicha Sentencia.
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2.016 que revocó la doctrina del Tribunal Supremo, ordenando la restitución íntegra de todas las cantidades indebidamente satisfechas por la cláusula suelo desde que comenzara a aplicarse.
• Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2.022 sobre la responsabilidad del Banco en la imposición de la cláusula suelo (y cualquier otra cláusula abusiva derivada de un préstamo hipotecario) en los supuestos de subrogación en el préstamo del promotor de las viviendas.
• Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2.021 sobre la nulidad de las novaciones o acuerdos modificatorios de la cláusula suelo por los que se renuncia a la devolución de cantidades indebidamente satisfechas hasta la fecha del acuerdo y al ejercicio de acciones judiciales para reclamarlas.
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de mayo de 2.022 sobre la validez de reclamar las cantidades pagadas de más como consecuencia de la imposición de la cláusula suelo y que por Sentencia firme sólo se declaró su devolución de las satisfechas a partir del día 9 de mayo de 2.013.
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2.020 sobre la correcta distribución ente el cliente y el Banco de los gastos de constitución del préstamo hipotecario. También se pronuncia sobre la imposición de costas a las entidades aun en el supuesto de que por Sentencia no se conceda la misma cantidad que se reclama.
• Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2.020, de 20 de septiembre de 2.020 y de 27 de enero de 2.021 que en aplicación de la anterior Sentencia crea doctrina sobre dicha devolución y la obligación de que los Bancos demandados paguen las costas del juicio aunque se allanen a la demanda si ha habido requerimiento previo, o se aleguen dudas de hecho o derecho en la resolución del pleito.
• Sentencias del Tribunal Supremo de de 11 de marzo de 2020 que declara la nulidad por abusivas de cláusulas impuestas en préstamos con garantía hipotecaria a empresarios y profesionales por aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y quebrantamiento del principio de buena fe.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2.020, que declaró usurario una TAE superior al 20% en las tarjetas revolving.
• Auto de 19 de enero de 2.022, que concreta que en relación a la Sentencia anterior, la TAE de una tarjeta revolving ha de compararse con el interés medio aplicable al momento de contratar aquélla.
• Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2.022 y Nota Informativa del Gabinete Técnico confirmando la doctrina anterior.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2.015 que declaró que el cómputo de cuatro años para reclamar la nulidad de estos productos por error en el consentimiento comienza a contarse desde que el contrato está totalmente terminado o se conoce de manera efectiva el perjuicio sufrido.
• Auto del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.022 que excluye la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2.022 por la que declara la falta de responsabilidad del Banco de Santander a los afectados por la ampliación de capital de Banco Popular a los productos como obligaciones subordinadas y otros productos complejos, que conservan su derecho a reclamar.

• Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
• Directiva (UE) 2019/2161 por la que se modifica la Directiva anterior y Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE.
• Directiva 2008/48, de 23 de abril de 2008, sobre Crédito al Consumo.
• Directiva 2014/17, de 28 de febrero de 2014, sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial.
• Directiva 2002/92/CE, Directiva 2011/61/UE y Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativas a los mercados de instrumentos financieros.

La transposición de la legislación europea ha dado lugar a la publicación de las siguientes normas en España:

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
• Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
• Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
• Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de valores.
• Orden EHA/2899/2011/, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
• Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente (“revolving”).