Tener más de un acreedor (ya sean personas físicas o jurídicas (empresas), haber incumplido el pago de dos obligaciones, y haber dejado de pagar durante más de 90 días o estar en dos procesos ejecutivos.

Aunque la norma excluye las deudas de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, se declaró que el crédito público también debían entrar en ese concepto de acreedor y pudiéndose conseguir la exoneración de hasta el 70% posibilitando que la deuda restante pueda pagarse en un plazo de cinco años.

  1. Encontrarse en situación de insolvencia o previsión fundamentada de no poder cumplir regularmente con sus obligaciones de pago.
  2. No superar un volumen de endeudamiento de 5 millones de euros
  3. No tener antecedentes penales de delitos socioeconómicos en los últimos 10 años o estar en trámites de un procedimiento penal de este tipo, ya que se paralizaría el procedimiento hasta resolución del juzgado de lo penal.
  4. No haber firmado un acuerdo de refinanciación (no confundir con reunificación de deudas) en los últimos 5 años o haberse acogido a este procedimiento o haber tramitado un concurso de acreedores en ese plazo.
  5. Ser un deudor de buena fe: esto tiene un componente subjetivo pero lo que se busca es un criterio que justifique que ha ocurrido algo que no existía o era imprevisible cuando se contrajo la deuda y que merme la capacidad del deudor para repagar sus deudas, ej.: paro, reducción de jornada laboral, divorcio, enfermedad, negocio fallido etc.

Si cumples con todos los requisitos indicados no dudes en citarte con nuestros abogados ya que ¡podemos ayudarte! No dejes que las deudas arruinen tu vida y toma una decisión informada.