Nuestros logros

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia es muy cambiante a la hora de determinar a qué tiene derecho un pasajero cuando pierde su equipaje, reclamador.es ha conseguido que el Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Barcelona eleve una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si, en los casos de pérdida definitiva, la aerolínea debe abonar siempre la cantidad máxima de derechos especiales de giro establecidos en el Convenio de Montreal, o si esa cantidad debe ser moderada por cada juzgado en función del daño provocado al pasajero en cada caso de forma particular.

A día de hoy, el Convenio de Montreal, normativa que regula las indemnizaciones a pasajeros en caso de extravío o pérdida de equipaje, establece un máximo de 1.131 Derechos Especiales de Giro (1.288 DEG desde 2020) como indemnización para aquellos pasajeros que su equipaje es perdido por la aerolínea. Nuestros abogados expertos en aerolíneas recuerdan que, respecto a este tipo de reclamaciones, hay que distinguir si se trata de un retraso de la maleta o bien una pérdida. Si el equipaje aparece en el plazo de 21 días, se considera un retraso y para obtener una indemnización se debe valorar el daño causado. Pasado este tiempo, es decir, 21 días, pese a que aparezca, se considera equipaje perdido y la indemnización puede ascender a esos aproximadamente 1.500€.

Y sobre esto último es por lo que pelea reclamador.es. Para que los pasajeros que vean su equipaje perdido reciban directamente de la aerolínea los DEG fijados en el Convenio, sin entrar en valoraciones individuales, pues hasta ahora, señala reclamador.es, esa cantidad es moderada por cada juzgado creando inseguridad jurídica ya que las cantidades que se reconocen como indemnización dependen de cada tribunal y de cómo sean más o menos exigentes en solicitar pruebas sobre el contenido del equipaje.

Como consecuencia de un procedimiento iniciado por reclamador.es y el cuestionamiento de las Sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2019, el Juzgado especializado en cláusulas abusivas de Ceuta se planteó que el criterio del Tribunal Supremo al limitar las cantidades que se deben devolver al consumidor cuando se ha declarado la nulidad de la cláusula que le imponía el pago de todos los gastos de formalización de los préstamos con garantía hipotecaria va en contra de la legislación y la doctrina fijada por Europa y ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, para que sea aquí donde se defina esta cuestión y los consumidores puedan tener la seguridad de cuánto podrán recuperar por lo pagado de más. Un mes después, fue el Juzgado de Palma de Mallorca, también especializado, el que solicitó igualmente que el TJUE se pronunciara, decidiendo el Tribunal que se tramiten ambas cuestiones en un solo procedimiento. Según nuestros datos, la reclamación por gastos de formalización de la hipoteca asciende a 1.300€, de media, sin incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

El asunto actualmente se encuentra a la espera de decidir si habrá vista o no, y reclamador.es ha solicitado que se celebre, para exponer directamente a los miembros del Tribunal las razones conforme al Derecho Europeo por las que los gastos han de ser reintegrados en su totalidad al consumidor, sin limitación alguna ni de cantidad ni de tiempo para reclamarlos con independencia de cuándo se haya firmado el préstamo. reclamador.es venía solicitando en sus demandas por gastos de formalización que se consultara al al TJUE en relación a las consecuencias de la ineficacia de cláusulas abusivas, al entender que el criterio adoptado por el Tribunal Supremo español en cuanto a los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios es contraria al Derecho comunitario. Una situación que, gracias al trabajo de nuestro equipo de expertos en Derecho Bancario llega a Europa para que sean estos jueces quienes determinen qué se puede reclamar.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE a partir de un procedimiento iniciado por reclamador.es, contra Air Nostrum. En esta cuestión prejudicial, se plantean distintos interrogantes, relacionados, en todos los casos, con vuelos expedidos por una determinada compañía aérea pero que, sin embargo, son operados por una aerolínea distinta. Precisamente, esta cuestión prejudicial tiene su inicio en el caso de un cliente de reclamador.es, quien adquirió un billete de avión con Iberia para realizar un viaje con escalas hasta Chicago, con el itinerario Alicante-Madrid y Madrid-Chicago. Sin embargo, en el primer trayecto, que fue operado por Air Nostrum y no por Iberia, que sólo vendió el vuelo, sufrió un retraso leve –de apenas treinta minutos–, pero que provocó la pérdida de la segunda conexión: Madrid-Chicago, por lo que la pasajera llegó a su destino más de un día después.

En este sentido, lo que se intenta aclarar con esta cuestión prejudicial es quién es el responsable de pagar las indemnizaciones derivadas de un retraso o cancelación cuando intervienen en el vuelo distintas aerolíneas: la que vende el billete aunque no sea la que realmente lleve a cabo el vuelo, o la que verdaderamente lo efectúa, o incluso -que es la posición defendida por reclamador.es- cualquiera de ellas, a elección del pasajero.

También se plantea si es posible reclamar la pérdida de una conexión –entre vuelos operados por distintas compañías aéreas, pero vendidas por la misma aerolínea– cuando éste se produce por un retraso leve en el primer tramo del itinerario.

reclamador.es considera la necesidad de despejar estos interrogantes en favor de los derechos de los consumidores. Para, no solo ayudarlos a reclamar sus derechos, sino también orientarlos a la hora de saber quién es el responsable de hacer frente al pago de sus indemnizaciones. También, de cara a las aerolíneas, resulta interesante aclarar estos supuestos para zanjar la falta de seguridad jurídica y dejar claro hasta dónde llega la responsabilidad de cada una. Con todo, reclamador.es continúa destacándose en la defensa de los pasajeros aéreos, pues ya son dos las cuestiones prejudiciales que tiene pendientes de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas resoluciones serán aplicables a todos los ciudadanos comunitarios.