10 medidas urgentes para mejorar la justicia en España

Decálogo reclamador.es

10 medidas urgentes para mejorar la justicia en España

Madrid, 28 de abril de 2020. El sistema judicial debe adaptarse a la profunda transformación de la sociedad española, su digitalización y el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con objeto de “facilitar el acceso a la justicia para todos”. reclamador.es, plataforma online de servicios legales, que ha gestionado desde su fundación en 2012 más de 250.000 reclamaciones, pide más medios al Gobierno de España y una apuesta clara por hacer más accesible la justicia y la modernización de la misma ya que existen múltiples tecnologías que se podrían estar usando desde hace años de manera mucho más eficiente.

En este sentido, el pasado viernes, reclamador.es, remitió carta al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con propuestas concretas para reducir la carga de los juzgados mercantiles, dentro de la línea estratégica de su Ministerio para agilizar la justicia.

Respecto a las 10 medidas que reclamador.es considera urgentes a implantar para mejorar la justicia en España, se concentra en aspectos concretos que se detallan a continuación:

1. Implantación efectiva del “papel cero” en Justicia y apuesta real por digitalizar procesos mediante un único sistema de presentación y gestión telemática. Actualmente, además de Lexnet, conviven seis plataformas autonómicas, que no se interrelacionan entre ellas.

2. En cualquier caso, la mejora e intensificación del uso de dichas plataformas, lo que en algunos casos implica reformas legales, como las siguientes, entre otras:

  • Suprimir la limitación del peso de los archivos y admitir todos los formatos de los documentos en las plataformas. Resulta absurdo hoy en día que no puedan subirse fotografías en formato jpeg o que no se permita la aportación de grabaciones de audio, que necesariamente han de presentarse manualmente mediante CD u otros dispositivos.
  • Mejorar el apoderamiento digital haciéndolo accesible al ciudadano.

3. La creación de un verdadero expediente digital judicial a semejanza de los programas de gestión de despachos, al que los profesionales puedan acceder sin necesidad de acudir o llamar al Juzgado para preguntar por el estado de los asuntos.

4. Aumentar la planta judicial. Pese a que España está un 25% por encima de la media europea en gasto judicial por habitante, hay casi un 50% menos de jueces por habitante que en Europa.

5. Más herramientas digitales e inversión en formación para los funcionarios públicos, que son los primeros en sufrir la precariedad digital y la excesiva burocratización de los procesos.

6. La extensión de la imposición de costas a todos los procedimientos manteniendo el criterio del vencimiento.

7. Supresión de los juzgados especializados en cláusulas abusivas: su fracaso está constatado desde el primer año de su funcionamiento habida cuenta del colapso de asuntos. Ahora mismo y sólo en Madrid, están pendientes de registro más de 17.000 demandas sobre esta materia y que sólo resuelve un único Juzgado.

8. Supresión definitiva de las tasas judiciales para PYMES.

9. Ampliar el ejercicio de las acciones colectivas.

10. Afrontar las modificaciones legislativas pertinentes (incluyendo potestades sancionadoras) para hacer efectiva la prioridad del derecho europeo sobre el nacional y la obligatoriedad de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Almudena Velázquez, co-directora legal de reclamador.es, señala que“la Justicia no puede esperar más para resultar eficiente y cumplir con el derecho fundamental a la defensa de los ciudadanos recogido en el art. 24 de la Constitución Española. La crisis del COVID-19 ha revelado, aún más si cabe, la falta de personal y medios con los que se encuentran todos los días todos los operadores jurídicos que tienen que solucionarse de manera urgente con mayor dotación presupuestaria y el compromiso de los poderes públicos y no con parches legislativos como se ha venido haciendo hasta ahora”.

“Es el momento de que una Administración de Justicia anclada en siglo pasado pueda estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía como tercer poder (independiente) del Estado” finaliza la co-directora legal de reclamador.es.