La preselección de operador de telefonía hace referencia a la facultad que tienen todos los usuarios de elegir la compañía que prefieran, ya sea debido a que les ofrece unos beneficios u otros, por precios, etc.
Desde 2004, el usuario puede decidir siempre y cuando mantenga el contrato de abono con el operador de telefonía que provee la línea.
Esto quiere decir que, si, por ejemplo, un usuario ha contratado una línea fija con la empresa A, puede contratar el acceso a Internet con la empresa B. En el caso de que la empresa B le ofrezca llamadas al extranjero con una tarifa plana, la empresa B pasará a ser el operador preseleccionado, de forma que la empresa A no facturará las llamadas, pero sí el pago de abono mensual u otros servicios que se hayan previamente solicitado y no quedan preseleccionados.
La ley española contempla 3 tipos de preselección de operador de telefonía. Se trata de los siguientes:
Actualmente, el operador que provee la línea en España es Telefónica, por defecto, y, por tanto, es el único operador de telefonía que está obligado a admitir la preselección.
Por consiguiente, si no se ejecuta esta capacidad, será Telefónica quién tendrá la preselección. Pero, si se hace uso de la preselección de operador de telefonía, Telefónica seguirá facturando las cuotas mensuales al usuario por los servicios no preseleccionados y el abono, pero no por los otros servicios, ya que estos los cursaría otra empresa, si así se desea.
Para hacer uso de la facultad de preselección de operador, es necesario contactar con el servicio de atención al cliente con el que se quiere contratar el servicio y comunicar la preselección. Para ello, la empresa seleccionada rellenará un formulario de solicitud con los datos completos del cliente y este firmará la solicitud.
La preselección de operador se creó con el objetivo de eliminar los obstáculos que suponía la falta de acceso por parte de los operadores entrantes en el mercado de la telefonía. Actualmente y gracias a esto, existe más competencia y de ello se benefician todos los ciudadanos, que pueden elegir con más libertad la empresa que desean que les brinde los servicios de telefonía y telecomunicaciones.
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